Las reformas a la LOC eliminaron todo el régimen sancionatorio de la ley original, que fue aprobada por el gobierno de Rafael Correa, en el 2015. Suprimió la Supercom y las sanciones administrativas para periodistas y medios.
Las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), aprobadas el 14 de febrero pasado por la Asamblea tras allanarse parcialmente al veto del Ejecutivo, establecieron cambios importantes. Uno de los principales es la eliminación de la Superintendencia de Comunicaciones (Supercom).
Hay un plazo de 180 días para la desaparición de la entidad, considerada un órgano sancionador y controlador de los medios de comunicación y de los periodistas, del gobierno de Rafael Correa.
Al momento, el extitular de ese organismo, Carlos Ochoa, está prófugo en Bolivia, donde busca asilo. Ochoa es acusado de supuesta falsificación y uso de documento falso.
La Supercom imprimió 300.000 textos de bolsillo de la anterior Ley de Comunicación, que introducía sanciones que no estaban establecidas en el articulado aprobado por la Legislatura. Con ello se sancionó a 11 radioemisoras.
Además, las reformas suprimieron el linchamiento mediático, que no existe en las normativas de otros países. También se eliminaron los artículos sobre las sanciones administrativas para periodistas y medios de comunicación.
Desapareció, asimismo, la figura del Defensor de Audiencias. También hay cambios en la ley. Por ejemplo, la concesión de frecuencias durará 15 años y existe la posibilidad de que sean renovadas.
Las reformas a la LOC señalan la importancia de proteger a los comunicadores con cualquier recurso en caso de que estos reciban amenazas durante el ejercicio de su profesión.
Otra modificación es la repartición del espectro radioeléctrico nacional que quedó dividido en 56% para medios privados, 34% para medios comunitarios y 10% para medios públicos.
Resta que la Asamblea trate el artículo 5 de la LOC sobre la comunicación como un “servicio público”. Eso está en el texto de la ley original de Correa. Pero este Gobierno sostiene que la comunicación es un derecho humano. Para ello, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley de reforma a ese artículo, mientras que la Asamblea lo tratará después de la vacancia legislativa.
Sin embargo, esos cambios todavía generan debate. El lunes 18 de febrero, la presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), Guadalupe Fierro, dijo a los medios públicos que a su juicio debió eliminarse la normativa y crearse una nueva.
Fierro argumentó su posición en la idea de que la LOC, creada y puesta en vigencia durante el anterior gobierno, “fue hecha con interés político y no por el bien común”. La dirigente gremial sostuvo como ejemplo de su aseveración que “en el tiempo del correísmo se repartieron alegremente las frecuencias (de radio y televisión)”.
Fierro añadió que el expresidente Rafael Correa, a través de su gobierno, y con el apoyo de sus asambleístas, no solo estableció la ley sino que incluso modificó la Constitución para lograr sus objetivos políticos. Por eso, la derogatoria total de la norma habría requerido de una reforma de la Carta Política de 2008.
Esa visión fue rebatida por el consultor de la Secretaría de Comunicación durante el gobierno anterior, Rommel Jurado. El catedrático y jurista afirmó que “era una ley emancipadora” y se alegró de que algunos aspectos hayan permanecido. (I)
Fuente: https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/reformas-ley-comunicacion-democratica-asamblea
