Esperó porque quiso esperar. El ex fiscal general Galo Chiriboga, reaparecido por la fuerza ante la opinión pública esta semana tras su retención para obligarlo a comparecer a la Fiscalía, fue el encargado de recibir el nacimiento de la indagación previa 95-2016 con la que Ecuador bautizó el caso de sobornos de Odebrecht.
Hasta la entrega del despacho a su sucesor, Carlos Baca Mancheno, el también exministro y exembajador de Rafael Correa presentó al país casi ningún resultado en una investigación repleta de fugas que hoy avanza a pasos acelerados. Pero Chiriboga fue más allá, en tiempo electoral, y aun pocos días antes de dejar el cargo, aseguró en entrevistas con medios de comunicación que la Fiscalía se encontraba “a la espera” de la colaboración de la Justicia estadounidense, que volvió público el caso. La afirmación, como hoy se puede desprender del expediente, es falsa. Chiriboga no dijo la verdad. O toda la verdad.
Sus declaraciones del 25 de abril de 2017, cuando aseguraba no haber recibido ayuda del sistema de Justicia estadounidense que contó con la delación detonante inicial, son derribadas por el expediente fiscal, hoy sin sigilo.
Allí, con fecha 3 de febrero de 2017, casi tres meses antes de su explicación y pedido de paciencia al país, reposa el recibido de las 439 páginas, firmadas por el encargado de cooperación internacional, que la Asistencia Penal Internacional con Estados Unidos puso sobre su escritorio.
Por si fuera poco, el material, que recoge la delación inicial ante los tribunales americanos, tardó 14 días más en ser remitido a la perito Marlene Carrera (el 17 de febrero) para su traducción oficial y estuvo listo un par de semanas después, como consta en los cuerpos tres y cuatro del proceso abierto.
Esta contradicción, propia de un abogado que, en el episodio más reciente que protagonizó, desmintió su intención de salir del país aunque se encontraba en el aeropuerto, con maletas y billete de avión, es solo una más de las muchas fugas que asoman en los expedientes tras su gestión frente al caso de corrupción más emblemático de la década.
Notable es la diferencia de las acciones en su era, con las que lleva a cabo hoy la fiscal Diana Salazar, encargada del mismo caso, bajo la era Baca Mancheno.
En cinco meses, Chiriboga hizo viajes a Brasil y Estados Unidos, solicitó información general a la Superintendencia de Compañías y al SRI sobre Odebrecht Ecuador, identificó a los principales representantes de la compañía en Ecuador. Y poco más.
Salazar, en menos de 12 días, antes de recibir el impulso definitivo que le concede la información liberada por Brasil el 1 de junio último y que incluye las grabaciones que se han convertido en la prueba madre del caso, alistó todos los cabos sueltos del proceso heredado: examinó los contratos sospechosos, requirió exámenes tributarios a la gran mayoría de involucrados en la participación de adjudicación de las obras, revisó los clientes y proveedores de Odebrecht, exigió el seguimiento sigiloso de los posibles procesados, así como la intervención de sus comunicaciones con orden judicial, solicitó media docena de asistencias penales internacionales, entre ellas a Brasil y Panamá, para el levantamiento de testimonios claves y la apertura de cuentas que, a simple vista de cifras, registraban inconsistencias o movimientos irregulares.
En fin, los primeros 15 expedientes del proceso de Odebrecht, que hoy supera los 110 cuerpos y más de 12 mil documentos, avanzaron con mayor velocidad en las dos semanas a su cargo que en los 160 días que tuvo Chiriboga para armar una investigación eficiente.
Aun así, el 25 de abril de este año, el ex fiscal general consideraba que no se necesitaba “ayuda de afuera” y que la investigación sería levantada en su complejidad por el personal ecuatoriano. “Así fue en el caso Fifagate”, aseguró entonces, atribuyendo a su gestión el mérito de la condena contra Luis Chiriboga, expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
El vínculo FEF-Chiriboga ha revivido ayer, en una carta firmada por el consejero de Participación Ciudadana Xavier Burbano, quien denuncia la designación del ex fiscal general, hoy en libre ejercicio, como abogado de los directivos de la Ecuatoriana de Fútbol. Específicamente de Carlos Villacís. “¿Cómo es posible que quien lideró las investigaciones del caso Fifagate, en las que no se vinculó a directivos de la FEF que hoy ocupan los más altos cargos, sea hoy abogado precisamente de uno de los directivos?”, le pregunta Burbano al hoy titular de la Fiscalía, Baca Mancheno. “No es normal, por decir lo menos”, agrega.
Lo normal, en este caso, es la contradicción sin resolución. Chiriboga suma a la lista, con Odebrecht, lo sucedido con Carlos Pareja Yannuzzelli, quien salió del país en un turbio episodio, el 28 de septiembre último. Un día antes de que Chiriboga admitiera haber recibido la asistencia penal internacional que hubiera servido de prueba para evitar su fuga. El exlegislador de PAIS Christian Viteri condenó como “alcahuete” a Chiriboga tras demostrar que la Fiscalía recibió esos documentos el 25, tres días ante del escape de Capaya.
El ex fiscal general entonces prometió una investigación interna que, como en tantos otros casos, nunca arrojó una conclusión pública. (I)
