Trasladar o vender bienes sin factura ya no es delito

Por en junio 17, 2019

En el parte policial se indica por qué Luis y Raúl fueron detenidos y dice que es por “su actitud sospechosa”. Todo ocurrió el 23 de marzo del 2015, cuando agentes de la Libertad, en Santa Elena, realizaron un patrullaje y al pasar por el mercado observaron que Luis cargaba un bolso y Raúl, una funda negra.

Les pareció extraño. Los uniformados interceptaron a ambos, los pusieron contra la pared y los requisaron. Encontraron un CPU, monitor, parlante, teclado y otros objetos, “cuya procedencia no pudo ser justificada”. Sin más evidencias, Luis y Raúl fueron juzgados por el delito de receptación de cosas robadas. Un juez los sentenció a seis meses de cárcel.

Cuatro años después, este expediente llegó a la Corte Constitucional (CC) para ser analizado. En mayo pasado, la entidad revisó el caso y declaró que una parte del escrito relacionado con el delito de receptación tenía errores y que al aplicarlo se violaba la presunción de inocencia.

Además, permitía el “enjuiciamiento selectivo y discriminatorio”. Raúl cree que en su juicio influyó el hecho de que tenía antecedes penales. Pero asegura que la computadora era suya, que estaba dañada y la llevaba a un técnico. Su problema era no contar con las facturas.

En el juicio, los agentes aseguraron que el mismo día del arresto se produjo un robo en una unidad educativa de la Libertad y que de allí se sustrajeron la máquina. Sin embargo, en la audiencia se probó que se trataba de otro aparato. A más de los seis meses de cárcel, el juez ordenó pagar USD 1 062 por concepto de multa.

“No se fija reparación integral, en virtud de que no se ha determinado la víctima, puesto que la información entregada por parte del Director de la unidad educativa difiere de las características específicas de las evidencias”, se indica en la sentencia. Para la CC, la inconstitucionalidad se hallaba en la segunda parte artículo 202 del Código Penal (COIP).

Este decía: La persona que traslade, custodie, venda o guarde objetos… “sin contar con los documentos o contratos que justifiquen su titularidad o tenencia”, será sancionada con penas de seis meses a dos años de cárcel. Luego de análisis, la Corte eliminó esa frase.

Es decir, los jueces ya no pueden sentenciar a personas por no tener facturas de sus bienes. Desde el 2014 hasta abril de este año, la Fiscalía registró 22 277 casos de receptación de objetos. Esteban también fue arrestado por una “actitud sospechosa”.

Ocurrió en abril del 2017. Cuenta que se estaba mudando de casa y mientras cargaba los enseres en una camioneta llegó la Policía y le solicitó facturas. “Le voy a decir por qué me arrestaron: por mi color de piel. Es todo”, le dijo al juez.

El joven afroecuatoriano contó que algún vecino llamó a la Policía y lo denunció por robo. Fue llevado a la Fiscalía y estuvo detenido 24 horas hasta la audiencia de flagrancia. Allí, la dueña de casa fue testigo y dijo que su inquilino sí estaba mudándose de casa. Pero él no tenía facturas. La jueza abrió un expediente para que se investigue, mientras tanto ordenó su libertad.

El caso sigue abierto en la Fiscalía de Quitumbe, en Quito. A Carlos Tapia, comerciante en el Centro Comercial Montúfar, en Quito, también le ocurrió una situación similar. Cuenta que en el 2018, la Policía realizó un operativo anticachinerías en ese establecimiento. “Todos los locales bajaron las Lanford, pero como yo no tenía nada que esconder dejé abierto”.

Los agentes ingresaron a su local, revisaron toda la mercadería y hallaron un equipo de sonido nuevo. Dijo que se le perdieron las facturas y los uniformados se llevaron la mercadería, pero no arrestaron a Carlos. Dos días después, encontró los documentos del equipo de sonido.

Cuando quiso recuperarlo, este ya se encontraba en una cadena de custodia, en la bodega de la Policía Judicial. Para sacarlo necesitaba contratar un abogado que le costaba USD 300 e iniciar un trámite en la Fiscalía. “El equipo lo compré en USD 150, para recuperarlo necesitaba el doble, entonces mejor lo di por perdido. Pero sí sentí que todo lo que pasó fue muy injusto”.

Stalin Arteaga, vicepresidente del Centro Comercial Montúfar, dice que hay un prejuicio contra este lugar y por esa razón los policías hacen operativos constantes. En uno de esos procedimientos, los agentes se llevaron ocho teléfonos nuevos como evidencia del delito de receptación.

La dueña no tenía en ese momento las facturas, pero las presentó tres días después y trató de recuperar la mercancía. El trámite duró un año. Cuando le devolvieron los equipos, estos habían perdido su valor comercial. “La ley fue muy dura con nosotros; todo por tener negocios aquí”. (I)

Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/traslado-venta-bienes-factura-delito.html