Grupos especiales de la Policía llegaron en un vehículo blindado a la Corte Provincial de Pichincha. Cuatro uniformados se ubicaron en el acceso. En la calle hubo cinco policías más. Cada gendarme llevaba puestos chaleco antibalas y casco y portaba fusil.
Además, hubo dos patrulleros con policías urbanos y también agentes vestidos de civil armados. Tres miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) resguardaron a una magistrada del caso David Romo, quien denunció supuestas amenazas en su contra.
La semana pasada recibió un mensaje a su Whatsapp de un número desconocido. Ahora, la queja judicial reposa en la Fiscalía por el delito de intimidación. De hecho, el despliegue policial se produjo porque la jueza forma parte del Tribunal que este lunes 8 de abril del 2019 debía analizar si revoca o no la inocencia de los cinco procesados por el supuesto asesinato de David Romo, joven universitario que desapreció el 2013, en Quito.
Por eso, este lunes la magistrada entró a la sala de juzgamiento con un guardaespaldas. Además, en ese lugar había cinco uniformados de la Unidad de Mantenimiento del Orden.
Antes de que se instalara la diligencia, Diego Chimbo, abogado de uno de los procesados, indicó que la denuncia de la jueza debía ser incluida en el expediente. Pero la cita judicial se suspendió porque no llegó el abogado de otro de los procesados. El Tribunal debe establecer una nueva fecha.
La jueza indicó a este Diario que ella solicitó al coordinador de la Corte que se incrementara el resguardo policial, para evitar que ocurra un “hecho anormal que impida el desenvolvimiento de la audiencia”.
Tras la amenaza, el caso se envió a la Dirección del Consejo de la Judicatura y se pidió que se brindara seguridad. Actualmente, a escala nacional, 36 magistrados tienen resguardo de la fuerza pública (en el país trabajan 1 946 jueces).
La Judicatura conoce que los jueces frecuentemente se ven expuestos a insultos, llamadas y mensajes para amedrentarlos y amenazarlos con daños a ellos o a sus familiares.
En otros casos, los funcionarios judiciales han pedido protección, porque desconocidos les persiguen hasta sus domicilios cuando salen de sus jornadas de trabajo y también han atentado contra sus vidas. De hecho, en el 2017 la jueza que ahora conocerá el caso Romo recibió protección durante seis meses.
Ella recordó ayer que tras mencionar la sentencia en otro proceso judicial, los familiares de los procesados le insultaron y lanzaron botellas. La Policía tuvo que sacarla por la puerta de atrás y un auto la persiguió hasta su casa. Por eso tuvo que cambiarse de domicilio y enviar a su hijo a otro colegio.
“Es importante que el Consejo de la Judicatura apoye y respalde a los jueces para que puedan desarrollar un trabajo que implica riesgos”. Otro caso ocurrió el año pasado en Guayas. Una magistrada fue emboscada por un auto y dos motos, cuando salía de su trabajo.
Uno de los sospechosos le apuntó con un arma de fuego, la insultaron y luego huyeron. La funcionaria fue trasladada a otra Unidad Judicial. Los jueces con protección están en Esmeraldas, Guayas, Manabí, El Oro, Pichincha, Azuay y Galápagos.
En la Amazonía no se han registrado casos. La Judicatura asevera que la mayor cantidad de denuncias de amenazas ocurre en la Costa. Esta entidad conoció cuatro casos más que actualmente están en trámite. Para solicitar protección, los jueces deben hacer una solicitud a la Dirección del Consejo de la Judicatura, en la que expliquen cómo ocurrió la intimidación.
Luego, la entidad analiza el requerimiento y oficia al Ministerio del Interior. Esta Cartera de Estado hace un análisis de riesgo y luego dispone a un policía para que brinde seguridad. En el Reglamento de Actividades de Protección Pública (art. 17) se establece que los agentes brindarán seguridad a los funcionarios que por su trabajo corren riesgo. (I)
Fuente: https://www.elcomercio.com/actualidad/jueces-amenazados-proteccion-ecuador-intimidacion.html
